Benchmarking en el sector público

Pioneros en la aplicación de benchmarking en oficinas gubernamentales fueron EEUU, Reino Unido, Australia, Canadá y los países nórdicos.

En el Reino Unido casi el 70% de los empleados públicos trabajan en las denominadas “Next Steps Agencies” que son sometidas a procesos de benchmarking en relación a empresas privadas o a instituciones similares de otros países.

También en el Reino Unido se comenzó la difusión y promoción del benchmarking en el sector público a través del PSBS (Public Sector Benchmarking Service) creado en 2001 como parte de los planes de modernización del estado.

Otro caso emblemático es del de Suecia que ya en 1992 comparaba su presupuesto con el de doce países de la OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), para identificar fortalezas, debilidades y nuevas oportunidades. Además realiza desde 1993 un benchmarking anual de la efectividad sociopolítica entre las administraciones regionales del país.

Siguiendo esta tendencia, en toda Europa se realizan procesos de benchmarking, orientados a procesos y resultados o bien externos e internos.

En Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón se observan niveles similares de difusión del benchmarking en el sector público.

En 1999, la Unión Europea inició la “European Best Practice Initiative” (EBPI) para apoyar a todos los países miembros en la difusión e implementación del benchmarking y las Buenas Prácticas, con la intención era instalar un sistema de benchmarking paneuropeo.

Estas experiencias de monitoreo de políticas públicas a través del benchmarking ha dado lugar a un nuevo tipo de benchmarking denominado “benchmarking político”. Se trata de una forma de hacer política observando y comparando procesos de decisión política considerados de alto impacto y que pone el énfasis en el aprendizaje de las mejores prácticas y en la innovación.

El benchmarking ha suscitado un gran interés a nivel de América Latina y esto se expresa en la gran cantidad de iniciativas que se han impulsado en base a este instrumento de gestión. Sin embargo, estas experiencias adolecen de una cierta dispersión y falta de continuidad. También es cierto que la gran cantidad de información sistematizada en ellas, no alimenta automáticamente las instancias de decisión política.

En resumen, la aplicación del benchmarking en el sector público en los países industrializados tiene una larga trayectoria empírica, dando origen a un “benchmarking político”, que en América Latina se encuentra en una fase inicial de desarrollo.